30/7/08

Derechos Reproductivos, sus dimensiones complejas para la transformación social.

Gloria Careaga Pérez
Facultad de Psicología, UNAM
careaga@servidor.unam.mx

El debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres se ha dado desde tiempos inmemorables. La búsqueda por comprender la capacidad reproductiva de las mujeres, primero y el proceso reproductivo, más tarde, fue objeto de múltiples análisis, prejuicios y temores que contribuyeron al posicionamiento de las mujeres en lugares antagónicos: como deidades, y como demoníacas.

Resulta poco comprensible que hoy día, después de las múltiples explicaciones y el gran desarrollo científico y tecnológico sobre la reproducción, la capacidad de las mujeres en éste ámbito, aún se encuentre cuestionada. La incertidumbre que genera el proceso reproductivo ha sido un elemento más donde se expresan las definiciones de género. Éstas llevan a concebir a la reproducción humana, como un proceso “natural”, en el que no hay que intervenir, al mismo tiempo que se contempla como un hecho social sobre el que hay que decidir. Ambas perspectivas, a pesar de que el proceso se da en el cuerpo de las mujeres, las deja fuera de su posible intervención y decisión.

El ejercicio de los derechos reproductivos alude a la responsabilidad del Estado-gobierno para garantizar la sobrevivencia de la amplia diversidad de la sociedad, en las mejores condiciones. Sin embargo, la crisis mundial de inicios de los 70s, dio lugar a hipótesis catastróficas que planteaban serias amenazas para la sobrevivencia de la humanidad: el deterioro ambiental a consecuencia de la explosión demográfica; la escasez de alimentos ante los crecientes índices de fecundidad; la creciente migración de los países menos desarrollados a los países del norte ante la falta de oportunidades locales; la incapacidad de los Estados para atender a la población y su consecuente deterioro en la calidad de vida, entre otras. Esta situación dio lugar a que en la I Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), que tuvo lugar en Budapest en 1974, se subordinara la dimensión de población a las de desarrollo y medio ambiente, dejando de lado la responsabilidad por atenderla e incluso colocándola en un perspectiva de problema social que atenta contra la seguridad mundial, por lo que se centró la discusión en los índices de fecundidad y la necesidad de abatirlos significativamente para evitar el incremento del deterioro.

Así se establecieron metas demográficas que los gobiernos habrían de alcanzar y se establecieron programas de planificación familiar en casi todo el mundo; se fortaleció el movimiento ambientalista que ha logrado hacer un detallado registro de los recursos disponibles, un estrecho seguimiento de las condiciones ecológicas y el desarrollo de una cultura en favor de la biodiversidad; se promovió la instrumentación de un modelo económico global que favoreciera el intercambio comercial entre los países y elevaran las condiciones sociales para el desarrollo. Sin embargo, ninguna de estas medidas daban cuenta de la diversidad sociocultural, lo que, aunque amortiguó los efectos de la pobreza en algunos grupos, amplió la brecha entre los sectores, y acentuó y amplió el estancamiento y la marginación de grupos específicos de la población. Hoy conviven sofisticados adelantos tecnológicos, con la miseria y la hambruna y hay una gran preocupación por la extinción de flora y fauna, sin mención alguna a la extinción de culturas, lenguas y etnias.

En la CIPD de 1994, veinte años después de metas demográficas y de programas de planificación familiar, se reconoció que la medida no había resuelto el problema de la pobreza, que la reducción de las tasas de natalidad en más del 50% no habían frenado el deterioro de la calidad de vida, no solo los pobres eran ahora mas pobres, sino que la pobreza se había ampliado y las condiciones de inequidad se habían reforzado.

Lo grupos de mujeres exigieron a los gobiernos un cambio en la estructura de relaciones sociales, con una mayor participación de las mujeres en todas las decisiones. La violación a los derechos reproductivos que las mujeres habían sufrido para el cumplimiento de las metas demográficas fueron denunciadas y grupos de hombres exigieron el reconocimiento de la marginación en la crianza de su descendencia de que son objeto, lo que llevó a nuevos planteamientos.

Los resultados de estas discusiones nos han llevado de nueva cuenta a revisar las concepciones alrededor de la población. Los planteamientos de la sociedad civil organizada recuperan el concepto de la población como el desafío que los gobiernos han de enfrentar para atender a las necesidades de los diversos sectores y exigen dejar de verla como el problema a eliminar, ya que esta concepción de la población como un obstáculo para el desarrollo, como elemento depredador, distorsiona las dimensiones de análisis y desorienta las responsabilidades del Estado[1]. Si bien es muy importante que los gobiernos se ocupen por la preservación del ecosistema y por la instrumentación de un modelo de desarrollo acorde a la vida actual, la población, en toda su diversidad no puede dejar de ocupar el lugar central en una relación dinámica con las otras dimensiones, donde en lugar del problema, se le conciba como un recurso, como un bien social a preservar, en el que hay que asegurar la sobrevivencia y desarrollo de la amplia diversidad sociocultural.

En este sentido, los derechos sexuales y reproductivos juegan un papel central, no solo para el respeto de las garantías individuales, sino incluso para garantizar la sobrevivencia de las etnias y las culturas que nos constituyen como humanos. Pero el respeto de estos derechos exige el tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio en cada uno de los contextos sociales donde habita cada persona. Sobretodo a partir de las condiciones específicas de cada una y cada uno. Particularmente, tomando como eje de análisis el poder, nos ofrece la posibilidad de identificar el control que la persona puede ejercer y los recursos con que cuenta para la toma de decisión.
El concepto de derechos reproductivos alude a “…. el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel
[1] Un análisis más detallado lo podrán obtener de Careaga, Gloria, Merino Leticia, Martínez Carolina (2000) Construyendo relaciones entre los campos de salud reproductiva y desarrollo sustentable. Cuadernos de desarrollo sustentable y salud reproductiva: notas para la continuación de un diálogo. Diálogo y Mujer y Medio Ambiente, A. C. México.